Santa Bárbara, filial de General Dynamics European Land Systems, ha emprendido acciones legales contra el Gobierno español que ponen en riesgo más de 8.000 millones de euros en inversiones y proyectos militares asignados a Indra. La empresa impugna préstamos públicos sin intereses por 3.000 millones de euros y adjudicaciones de los dos mayores programas de vehículos blindados del país, valorados en 7.240 millones de euros.
El Tribunal Supremo estudia el recurso de Santa Bárbara contra los créditos que el Gobierno concedió a la alianza entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering. La compañía también planea impugnar los contratos para fabricar obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas, que Indra debería producir en la planta de El Tallerón en Gijón.
El irónico traslado del «Dragón»
El pasado 23 de diciembre, la empresa entregó el primer vehículo blindado 8x8 «Dragón» en la planta de El Tallerón. El vehículo recorrió apenas 45 kilómetros desde la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), donde Santa Bárbara lo produce. Ambas empresas son socias en el consorcio Tess Defence que fabrica el «Dragón» para el Ejército, pero ahora rivalizan por el control de los nuevos sistemas terrestres españoles.
La decisión del Gobierno de asignar a Indra, en lugar de a Santa Bárbara, el desarrollo de casi todos los nuevos sistemas terrestres españoles ha tensado esta relación. Santa Bárbara argumenta que es la única capacitada para cumplir con los contratos de obuses, ya que dispone de los prototipos «Piranha» (con ruedas) y «Némesis» (de cadenas).
Proyectos millonarios en juego
Los contratos en disputa incluyen fabricar 536 obuses autopropulsados que el Ejército debería completar en 2034. Además, Indra ganó otros contratos significativos: 32 vehículos tipo «Anaconda» lanzapuentes por 382 millones de euros, un vehículo anfibio para la Armada por 370 millones y el diseño de un nuevo tanque de batalla del Ejército por 32 millones. En total, los cinco programas suman más de 600 vehículos blindados.
Indra planea invertir aproximadamente 50 millones de euros para adaptar El Tallerón, la antigua planta de Duro Felguera que adquirió para este proyecto. La compañía también busca ubicaciones en Las Cuencas y Avilés para construir una pista de pruebas para los vehículos.
Amenaza de paralización total
Fuentes próximas a Indra advierten que una suspensión cautelar de los préstamos para los obuses por parte del Tribunal Supremo haría que «lo más probable es que se paralice toda la cartera de proyectos en El Tallerón». Si Santa Bárbara gana el recurso, la planta de Gijón perdería el proyecto de los obuses autopropulsados, arrastrando potencialmente el resto de programas.
A pesar de la batalla judicial, María del Carmen Moneva, directora de recursos humanos de Indra, confirmó que la empresa mantiene sus planes. La compañía aspira a alcanzar 850 trabajadores en la región para 2027 y continúa con la inversión prevista para adaptar las instalaciones de El Tallerón.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
